El Congreso de Chile aprobó una nueva prórroga de 15 días del estado de excepción en la denominada Macrozona Sur, epicentro del «conflicto mapuche», en lo que constituye la renovación número 33 de la medida que ya supera los 500 días y que tuvo un intenso debate entre oficialismo y oposición a raíz del veto presidencial parcial a la Ley de Usurpaciones.
En detalle, la Cámara de Diputados aprobó la decisión, que rige en la región de la Araucanía y dos provincias del Biobío, con 79 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, mientras que el Senado hizo lo propio con 33 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
El estado de excepción en una herramienta que permite restringir o limitar las libertades de la población por un tiempo limitado, cuando existen razones extraordinarias que afectan al orden público dejando a manos de las Fuerzas Armadas su cumplimiento.
El primer estado de excepción se decretó el 17 de mayo de 2022, y luego la decisión de prorrogarlo pasó a decisión de ambas cámaras del Congreso.
Tras la votación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la medida y señaló que durante el Gobierno «se ha logrado incrementar de manera sustantiva la cantidad de condenas que obtenemos por los hechos de violencia en la Macrozona Sur».
«Hemos duplicado prácticamente las condenas anuales que se obtenían hasta la administración anterior», arengó la ministra.
Tohá informó que pese a que los hechos de violencia han bajado en el último tiempo, «las detenciones se han duplicado el año 2023 respecto de 2021 en la Macrozona Sur» y agregó que haciendo uso de distintas «estrategias» se ha conseguido «una disminución muy importante de las usurpaciones, tema que ha ocupado tanto la opinión pública últimamente».
El debate de la nueva prórroga estuvo marcado por el veto parcial que el Gobierno hizo a la Ley de Usurpaciones con el objetivo de «mejorar» el proyecto en el contexto de las tomas de terreno y ocupaciones ilegales ocurridas en la Macrozona Sur.
Desde la oposición criticaron la postura del Gobierno por impulsar una nueva prórroga del estado de excepción y al mismo tiempo vetar de manera parcial la Ley de Usurpaciones, que establecía sanciones más estrictas para el delito de ocupación de propiedades modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad.
Al presentar el veto el pasado viernes, Tohá uso el término de «usurpación pacífica» para definir casos donde no hay violencia e intimidación, lo cual profundizó el rechazo opositor.
«Desde mi perspectiva toda usurpación es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona, entonces no entiendo bien la naturaleza del veto», dijo el diputado de la Democracia Cristiana Ricardo Cifuentes.
Tohá pidió la palabra para entregar más antecedentes del veto y calmar los ánimos en la Cámara, en una sesión destinada al análisis de ese rechazo parcial del proyecto presentado por el Ejecutivo.
«El juez tendrá que decidir considerando los siguientes aspectos: si la persona que realiza la usurpación ha realizado usurpaciones previamente, si el predio ha sido usurpado previamente debe preferirse la pena de cárcel, si la persona entrega voluntariamente el bien usurpado o actúa en virtud», dijo la ministra del Interior antes de ser interrumpida por gritos de algunos parlamentarios.
«No tengo ningún problema de no hablar de esto, siempre y cuando nadie hable de esto. Pero si el Gobierno es interpelado, tiene derecho a responder», afirmó la ministra.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto y del que el Gobierno estuvo en contra era la legítima defensa privilegiada, que establecía las causales que eximen a las personas, dueños de los predios usurpados, de responsabilidad penal.
El veto presidencial parcial a la Ley de Usurpaciones fue anunciado el pasado viernes e ingresado hoy a la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, donde Tohá será la encargada de su presentación para luego hacer una serie de sesiones en la comisión y estudiar modificaciones a la propuesta.
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